Participantes de taller desarrollado por el proyecto Paid.
Hoy en Colombia las personas con discapacidad no están enfermas ni son consideradas como “anormales”, son ciudadanas y sujetas de derechos y deberes. Aunque este cambio es desconocido para mucha gente y no solo en los lugares lejanos a las ciudades principales.
La “anormalidad” es un atajo para evitar el miedo que nos produce lo desconocido o aquello que es diferente en nuestras experiencias de vida. Cuando decimos que “algo o alguien no es normal” es porque preferimos evitar la posible incomodidad que genera una forma distinta de ser o hacer las cosas, de nombrar a alguien o de aceptar su participación en espacios que antes les permanecieron vetados.
La idea de “anormalidad” sigue siendo popular en parte, porque hacer los ajustes razonables y eliminar las barreras que excluyen requiere de voluntad, conocimiento, tiempo y dinero.
El surgimiento de modelos sociales para hablar de la discapacidad y también de normativa internacional como La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha impulsado la creación de normativa nacional y de espacios de formación y divulgación de estos enfoques para que el acceso a la educación, el trabajo, la participación social y todos los demás derechos contemplados en la Constitución colombiana, sean reales y no dependan de la condición física o cognitiva de nadie.
Pero los cambios no ocurren por decreto. Hace falta que los derechos de las personas con discapacidad sean difundidos.
Marisol Montoya Jiménez, profesional de campo del componente de Formación del proyecto Paid cuenta que uno de los hallazgos del proyecto es que “las personas con discapacidad no saben qué es un derecho ni como definirlo”. Además de que en las diferentes dependencias de los gobiernos locales tampoco se tiene conocimiento muy claro sobre los mecanismos para acceder a los derechos.
Por eso, en el desarrollo del proyecto se realizaron talleres y compilamos algunas de las leyes colombianas de educación inclusiva e inclusión laboral y productiva, con el objetivo de promover la toma de consciencia sobre la importancia de la educación inclusiva en las aulas de clase, y reconocer cómo influye en la inclusión laboral y productiva de las personas con discapacidad.
Compartimos este video creado por Marisol para que conozcas más sobre este tema y una lista de normativa colombiana de la más reciente a la más antigua. Si conoces alguna adicional puedes dejarla en los comentarios.
Normativa colombiana
Ley 2216 de 2022. Promueve la educación inclusiva y el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje.
Circular 020 de 2022. Las entidades territoriales certificadas deben establecer acciones para tener una oferta educativa sin exclusión alguna.
Circular 021 de 2022. Las entidades territoriales certificadas tienen plazo hasta octubre de 2023 para radicar ante el MEN en proceso de caracterización y el plan de trabajo para iniciar el tránsito a ofertas educativas incluyentes.
Decreto 392 de 2018. Incentivos en Procesos de Contratación en favor de personas con discapacidad. Emitida por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda.
Decreto 2011 de 2017. Porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.
Decreto 2177 de 2017. Por el cual se integra el Consejo para la Inclusión de la Discapacidad y se dictan disposiciones relacionadas con su funcionamiento.
Decreto 1421 de 2017. Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.
Ley 1752 de 2015. Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad. Eleva a delito la discriminación por motivos de discapacidad.
Circular Conjunta Externa No. 15 de 2015. Plan de choque para aumentar la participación de los niños, niñas y adolescentes escolarizados con discapacidad en el programa Más Familias en Acción, a través de la actualización del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social.
Directiva N° 27 de 2015. Sobre contratación de profesionales de apoyo, intérpretes Lingüísticos para la atención educativa de la población sorda.
Resolución 3564 de 2015. Lineamientos respecto de los estándares de publicación y divulgación de la información, accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad, formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso a la información pública, dato abierto y condiciones de seguridad en medios electrónicos.
Decreto 1075 de 2015. Recopila normatividad sobre educación.
Ley Estatutaria 1618 de 2013. Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las PcD.
Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública (Artículo 33.4).
Ley 1680 de 2013. Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Ley 1346 de 2009. Por medio de la cual se aprueba la Convención de las PcD, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.
Decreto 366 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva.
Ley 982 de 2005. Se establecen normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo- ciegas y se dictan otras disposiciones.
Ley 909 de 2004. Regula el empleo público y la carrera administrativa y en su Artículo 52 protege a las personas con discapacidad.
Resolución 2565 de 2003. Prestar el servicio educativo.Necesidades Educativas Especiales.
Ley No. 361 de 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con Discapacidad, y de manera especial el Capítulo IV del Título Segundo sobre la integración laboral de las personas con discapacidad.
Decreto 2082 de 1996. Aborda la educación especial.
Ley 115 de 1994. Ley general de educación, artículo 15: educación para personas con discapacidad.
Constitución Política de Colombia. Artículo 54 de 1991. Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud.
Ley 82 de 1988. Aprueba el convenio de la OIT respecto a la garantía de derechos laborales de la población con discapacidad en Colombia.
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